Oposición anuncia cumbre para enero

(ANF).- Los diputados Andrés Ortega y Paola Zapata, ambos de Convergencia Nacional (CN), convocaron a los diferentes líderes de los partidos políticos de oposición a una Cumbre por la Democracia que “proyecte la Bolivia del siglo XXI”.

“Hemos enviado notas que seguramente van a llegar estos días por conducto regular al señor Juan Carlos Urenda, a René Joaquino, a Juan del Granado, a Samuel Doria Medina, a Rubén Costas, a Leopoldo Fernández y a otros partidos políticos que están en vigencia”, informó el legislador Ortega. La Cumbre tiene por objetivo debatir una serie de temáticas vinculadas a la economía, empleo, producción, desarrollo, entre otras, donde además están invitados las diferentes instituciones de la sociedad civil. “También hemos enviado notas a la Confederación Universitaria Boliviana, al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y a diferentes colegios de profesionales”, acotó.

Esta Cumbre se contrapone a la convocada por el presidente Evo Morales y que se denomina “Primer Encuentro Plurinacional para Profundizar el Cambio”, que aglutinará a las diferentes organizaciones sociales del país y que está programada para el 12, 13 y 14 de diciembre en Cochabamba.

Por su lado, el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, calificó la cumbre de opositores como “la cumbre de los excluidos” porque anunciar un encuentro paralelo es descartar su presencia en el denominado Encuentro plurinacional. Acotó que la oposición puede convocar a sus sectores, pero éstos no tendrían alcance “incluyente” a nivel nacional.

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Parlamentarios proponen Cumbre por la Democracia

Los diputados de Convergencia Nacional, Andrés Ortega y Paola Zapata, enviaron cartas a varios líderes políticos nacionales, instándolos a ser parte de una Cumbre por la Democracia que “proyecte la Bolivia del siglo XXI”.

Ortega informó que se han enviado cartas a “Juan Carlos Urenda, Juan del Granado, Samuel Doria Medina y Rubén Costas”, entre otras figuras.

Los parlamentarios agregaron que en el encuentro también deberían participar economistas y otros profesionales, para plantear las políticas públicas que el país necesita.

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CEPAL obvió poder adquisitivo real dentro de la economía boliviana

La visita de la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), Alicia Bárcena, durante la anterior semana fue cuestionada con datos técnicos por la oposición, que observa contradictorias las palabras de la representante internacional sobre la economía boliviana.

Bárcena sostuvo que la economía del país es estable, sugirió emprender mayores acciones sobre el empleo y calificó como impresionante el aumento del salario mínimo nacional.

Para el diputado de Convergencia nacional (CN) Andrés Ortega, la experta internacional solo recibió datos fríos sobre las acciones emprendidas por el Gobierno central y no tomó en cuenta que el salario mínimo no abarca a toda la población , siendo que el 60 por ciento tiene actividades informales, además que el poder adquisitivo real no es equiparable a este ítem.

“Hemos visto que esta visita de una persona con este nivel de manejo económico y experta en temas de economía, aunque con una formación en otra rama de las ciencia, ha dejado mucho que deseara. El manejo de la información no ha permitido dar una visión clara de la economía del país, ha sugerido que el salario mínimo tuvo un impresionante progreso, pero no ha tomado otros criterios que no hacen ni dicen bien de la función de la CEPAL”, dijo.

El salario mínimo nacional era de Bs 440 en 2005, cuando el MAS aún no ingresaba al Gobierno, en tanto, el gasto mínimo de la canasta familiar llegaba a Bs 392. Cuando el régimen del MAS llegó al poder, cada año se fue incrementando el porcentaje del salario mínimo, que sin embargo, fue creciendo de forma paralela a los precios de productos como pan, azúcar, pollo, leche, carne, papa, arroz y fideo.
Según la relación de los opositores, para 2010 el poder adquisitivo real del salario mínimo entró en déficit y por tanto no se puede hablar de “un impresionante aumento”, porque los precios de los productos laceraron el bolsillo popular.

En una familia de cinco personas como promedio, un salario mínimo no cubre las expectativas ni necesidades de la población. El gasto analizado responde a un consumo de 450 panes, que significan Bs 180. Diez libras de azúcar son Bs 80; 8 kg de pollo son Bs 128; 8 litros de leche cuestan Bs 40; 4 kg de carne al mes representan Bs 104; dos arrobas de papa son Bs 90 mensuales; 30 libras de arroz hacen Bs 150 y 20 libras de fideo que constituyen la dieta básica de los bolivianos suma Bs 80.

El total de esta canasta mínima representa Bs 852, mientras el salario mínimo nacional es de Bs 815, dando un déficit de Bs 37. Estos datos, explica Ortega, tampoco incluyen gastos de transporte ni servicios.

“Su presencia ha resultado un apoyo político al presidente, cosa que no era necesaria y la labor de la señora Bárcena ha dejado mucho que desear, por ello los diputados Adriana Gil, Franz Choque, Paola Zapata y mi persona hemos dirigido una nota a la CEPAL para hacer notar que en economía existe lo que se llama el análisis del poder adquisitivo real, cosa que no tomó en cuenta ni con criterios técnicos ni académicos”, agregó Ortega.

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CN Denuncia que listas de caso Bahití pretenden frenar campaña opositora

EL DIARIO Y AGENCIAS.- La opositora Convergencia Nacional (CN) denunció que la lista presentada como evidencia de una supuesta vinculación de asambleítas opositores en el caso del bingo Bahití sólo obedece a una estrategia gubernamental que pretende frenar y silenciar la campaña del voto nulo en las elecciones judiciales del 16 de octubre.

El diputado Luis Felipe Dorado (CN) en contacto telefónico desde Washington, donde se encuentra desde la anterior semana, aseguró que esa nómina, que fue presuntamente encontrada en un inmueble allanado, no es genuina y que fue elaborada en el Ministerio de Gobierno a fin de “implicar y judicializar” a los voceros de la campaña por el voto nulo.

“Teníamos información de que en días previos se reunió un gabinete reducido del área de Gobierno en La Paz para definir qué acciones se seguirían para extinguir la campaña opositora por el voto nulo, pero jamás creímos que el gobierno llevara adelante un plan tan previsible para silenciar la campaña y desprestigiar a sus portavoces”, manifestó a agencia NAN.

El diputado denunció que las autoridades del Ministerio Público aprovecharon su ausencia del país para notificarlo con una citación judicial a comparecer ante la fiscalía. “Espero que no se dicte mi aprehensión o me declaren prófugo aprovechando mi ausencia, como ya pasó con Erik Fajardo”, advirtió.

Lista Bahití
Aseguró que no es casual que en la polémica lista se haya incluido a los parlamentarios de oposición más contestatarios al Gobierno y de perfil más mediático, tales como Franz Choque Ulloa (Oruro), Paola Zapata Montaño (Cochabamba), Andrés Ortega Tarifa (La Paz), Roy Cornejo y Adrian Oliva (Tarija) o el mismo Luis Felipe Dorado (Santa Cruz).

Dorado viajó a Estados Unidos donde realiza una investigación independiente sobre la detención del ex zar antidroga René Sanabria y además debía presentar esta semana un par de denuncias ante organismos internacionales sobre la intervención de la justicia boliviana.

El parlamentario aseguró que volverá al país esta semana para hacerle frente a esta nueva acusación en su contra y garantizó que la “guerra sucia no silenciaría la campaña parlamentaria por el voto nulo”.

Caso polémico

La anterior semana, la Fiscalía que lleva adelante las investigaciones sobre supuestas irregularidades fiscales en la empresa de juegos Bingo Bahití. Una lista que habría sido encontrada en archivos de ejecutivos de esta empresa mencionaría a varios legisladores de oposición. La autoridad encargada, sin embargo, sólo manifestó que se convocará a los diputados y senadores en calidad de testigos para verificar o descartar cualquier vínculo con las investigaciones.

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Cámara de Diputados reconoce a actriz boliviana como "ciudadana destacada"

Anoche en un acto celebrado en la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante se llevó a cabo un Acto de Reconocimiento a la Destacada Actriz y modelo Boliviana Carla Ortiz por su labor y ayuda a causas sociales y medio ambientales en Bolivia. Asimismo la declararon Embajadora de la causa marítima boliviana.

La propuesta fue hecha por la diputada cochabambina, Paola Zapata, quien destacó la sensibilidad social y el desprendimiento con el que la joven actriz brinda su ayuda y cooperación a los más desposeídos en nuestro país, así también por destacarse en cada uno de sus emprendimientos en el ámbito de modelaje, cine y televisión, desde muy temprana edad, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, bajo el rotulo de “Ser de Bolivia”
“Esto es un acto histórico, memorable para los cochabambinos y bolivianos, “la Carlita” como le decimos con mucho cariño, no solamente es una mujer que ha traspasado fronteras, también a llevado el nombre de Bolivia a los estrados más altos de cine, colabora no sólo con los desastres y los derrumbes, también ayuda a comedores de niños pobres, opera ancianos, opera niños y esto es una gran cosa, esto es no olvidarse de donde uno viene”, dijo Zapata.

Actriz y humanitaria

Ortiz, protagonista de películas nacionales como Escríbeme postales a Copacabana, claramente conmovida, agradeció a su familia, a la prensa, y a las autoridades de la ciudad de La Paz, a grupos de jóvenes e instituciones, “con cuya ayuda se pudo lograr tanto”. Sostuvo también que “como hermanos estando todos unidos, se puede hacer mucho. Sin importar el color de la piel, cultura, ideología, religión, hay una sola cosa que nos une que es el ser boliviano. Nadie puede decir que es más boliviano que otro, todos somos iguales y juntos podemos crear una mejor nación”, dijo.

Diputados 

Esta iniciativa aceptada por unanimidad, por esta comisión de la Honorable Cámara de Diputados otorgó entregar a Carla Ortiz el reconocimiento y homenaje a su aporte a la cultura boliviana y al arte cinematográfico y televisivo nacional e internacional; ciudadana destacada de Bolivia y la medalla de oro de la comisión, el título de honor y la plaqueta de reconocimiento.

La Armada Boliviana través del almirante Rafael Contreras, también le dio un reconocimiento por la encomiable labor de cooperar a las víctimas de los desastres de Callapa. El diputado Yusser Villarroel, a tiempo de felicitar a la Actriz, por su sensibilidad Social, la nombró “Embajadora de la causa marítima boliviana” pero no la quiso comprometer a aceptarlo. “Es una hermana boliviana y nos ha mostrado bastante sensibilidad social, y nosotros estamos en esta lucha legitima, una lucha de todos y yo quiero pedirle y no comprometerla, porque es suficiente lo que hizo, pero se que nos ayudara en esta demanda marítima”, manifestó.

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Sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones

Cada vez son más los países que censuran a los medios de comunicación. Hemos hecho un cálculo que son 37 países, de ellos 12 prohíben los medios digitales como google, facebook, twitter, youtube, etc.

En Bolivia se aprobó la Ley de Telecomunicaciones  y tenemos varias críticas y observaciones que la sociedad debe conocer, porque con esta Ley se confirma que el partido de gobierno quiere copar todas las instancias, no sólo civiles, sino también de comunicación.

Empecemos por el mecanismo para revocar las licencias, la anterior Ley de Telecomunicaciones otorgaba licencias para 20 años; la nueva Ley  reduce el tiempo a 15 años. Suponemos que esto derivará en que los empresarios de medios se desesperancen para seguir invirtiendo, porque después de ese tiempo solo podrán renovar la licencia una vez.  Tendremos que ver qué establecerá la reglamentación.

En la distribución de frecuencias, el gobierno controlaría los dos tercios del espectro electromagnético con la siguiente distribución: 33 %para el Estado, 33 %para los privados, 17 % para los pueblos indígenas originarios campesinos, y el 17% para  el sector comunitario. Las frecuencias destinadas al Estado van a ser definidas por el nivel central de gobierno.  La Ley tampoco define mecanismos claros para la designación  de frecuencias para los pueblos indígenas originarios, y presuponemos que estas estarían destinadas a las organizaciones afines al MAS.

La norma además supedita los permisos municipales para la instalación de antenas al gobierno central, es decir, tenemos autonomías sin autonomías.

Esta Ley de Telecomunicaciones vulnera el derecho a la inviolabilidad de la privacidad que se encuentra garantizada por la CPE, porque la Ley asegura la obligatoriedad de los empleados, públicos o privados, a entregar las claves de sus correos electrónicos a sus jefes superiores inmediatos.

Aun si es sólo el correo institucional existe el principio de inviolabilidad. Por muy dueño que alguien sea de una empresa, no puede inmiscuirse en el correo de sus empleados.

También observamos en el debate en Diputados la disposición transitoria que establecía la condonación de la deuda de Entel. Primero deberíamos ver cuánto ha costado  la compra de la empresa porque estaríamos condonando millones de bolivianos que tendríamos que pagarla todos. Finalmente la disposición fue eliminada porque no corresponde a esta norma establecer esa condonación.

Los cambios que hemos podido hacer como oposición son más de forma que de fondo y nos apena  porque poco a poco, con las leyes que salen del legislativo, Bolivia se convierte en un país donde pocas veces vamos a poder manifestarnos si no estamos de acuerdo con el gobierno.

Claro que no todo lo que establece la norma es negativo; se han incorporado cuestiones necesarias como las sanciones a la suplantación de identidad. El que vaya a causar un perjuicio a un tercero, simule o altere un mensaje usando una identidad falsa  tendrá que cumplir la pena de uno  hasta seis años de prisión.

Lo positivo y lo negativo que acarree la norma se verá con el tiempo, cuando un medio de comunicación retransmita la opinión de una persona que tiene otra visión y  le llegue la sanción correspondiente. La población va a palpar eso a medida que la norma se aplique.

Mi posición en relación al tema marítimo

Como miembro de la Asamblea Legislativa Plurinacional lamento el fracaso de Bolivia en la Asamblea de los Estados Americanos (OEA) porque Bolivia ha salido con las manos vacías. Creemos que fue una acción errática, acciones que los bolivianos no esperaban.
Antes de que nuestro canciller, David Choquehuanca, diera la  posición ante la Asamblea, pedimos una sesión reservada para llevar una sola posición, la de un mensaje de unidad. Se nos ha negado la posibilidad de la sesión y los resultados lo vimos en la Asamblea.
Si bien se ha hecho un concejo consultivo para ver el tratamiento del tema este no ha resultado. Debería haberse  realizado una sesión reservada,  haberse socializados con sectores de la sociedad, con intelectuales, no sólo de Bolivia, sino de otros  países que podía habernos apoyado, porque esta cuestión es multilateral y no bilateral como muchas veces lo dijo Insulza.
Había países como Argentina que pretendían apoyar este  pedido, pero se cometió un error al invitar al Ministro de Defensa Iraní porque Argentina repensó la posibilidad de coadyuvarnos.
Ahora, la posición que pueda toma Perú con relación a este tema lo van a tener que tratar los diplomáticos. Pienso que se debería hacer una alianza con Perú porque tenemos un mismo objetivo.
 Esperamos que Chile tenga mayor apertura  para lograr lo que en derecho nos corresponde.  Lo primero que debeos hacer para eso es un acercamiento entre oficialismo y oposición. Darle al país, primero, un mensaje de unidad. Como miembros de la sociedad política, queremos obrar de mejor manera para lograr el marco de la soberanía.

Convenio con Irán convertirá a Bolivia en ruta de escape

(ANF) La presencia en Bolivia del ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, sobre quien pesa una orden de captura internacional por el atentado terrorista a un centro comunitario de judíos en Argentina en 1994, puso en tela de juicio el cumplimiento de acuerdos internacionales por parte del gobierno, consideran los diputados de PPB- Convergencia Nacional.

Para la oposición en el Legislativo, el convenio de excepción ratificado con el gobierno de Irán daría permiso para el libre tránsito de miembros de organizaciones irregulares y convertiría a Bolivia en una “ruta de escape y refugio”. El diputado de Convergencia Nacional, Franz Choque, calificó de “peligroso contrasentido” esta exención de visa para la libre circulación de ciudadanos iraníes, cuando el gobierno de Morales impuso la visa para ciudadanos de Europa y Estados Unidos.

“Desde 2010 a los ciudadanos de la mayoría de los estados del mundo libres, el gobierno les exige visa para ingresar a Bolivia, pero acaba de abrir la puerta para que circulen sin restricciones algunos de los extremistas más radicales del planeta”, sostuvo.

Peligrosas amistades 

Según la diputada Paola Zapata (CN) con ese convenio se podría cobijar en el país algunos de los terroristas más buscados del viejo mundo. “Para muestra basta un botón, ¿Qué otra cosa podríamos esperar cuando el acuerdo se cerró con el autor intelectual del atentado al templo de La AMIA?”, cuestionó.

Las declaraciones aluden a la presencia en el país del ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, sobre quien pesa una orden de captura internacional por su participación en el atentado terrorista a un centro comunitario de judíos en Argentina en 1994.

Para ambos legisladores, el acuerdo tiene doble intención, pues también le permitirá a los dignatarios del actual Gobierno tener una puerta de escape abierta a ciertos estados como Corea e Irán, distanciados del consejo de seguridad de la ONU.

“Pienso que alguna gente del Gobierno, a los que les gusta la violencia extrema que causa pérdidas humanas, han diseñado un convenio que permitirá también tener un refugio donde esconderse del brazo de las Naciones Unidas una vez que caiga del poder”, señaló el diputado Choque.

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Asambleísta denuncia amedrentamiento a familia Fajardo

(ANF) El Gobierno presionaría a los tribunales para que ejecuten en ausencia el juicio contra el analista y estratega opositor, Erick Fajardo, mientras que la oposición advierte al Poder Judicial que, de ceder a las presiones del oficialismo, elevará una denuncia contra los jueces ante la Corte Interamericana de Justicia, informó la diputada de PPB-Convergencia Nacional, Paola Zapata. La Gobernación de Cochabamba informó en un comunicado que pedirá el remate de la casa de la familia del analista para financiar su “persecución”, mientras que diputados de PPB-Convergencia se reafirmaron por la ausencia de debido proceso y denunciaron represalias contra su madre, a quien confiscarían sus bienes para ejecutar una supuesta garantía personal de 12 mil dólares.

La diputada opositora Paola Zapata, que sigue de cerca este caso, informó que el Poder Judicial se mueve de manera parcializada y sesgada, pues persistirían las arbitrariedades y vicios procesales en este caso, irregularidades que el año pasado anularon el proceso contra Fajardo.

“No puedo creer cómo el Órgano Judicial se mueve mecánicamente bajo la presión del Gobierno, pero es bueno que la jueza que lleva la causa sepa que ya es un hecho conocido internacionalmente que la justicia boliviana está de rodillas y que de consumarse alguna acción abusiva contra la familia de un perseguido político, denunciaremos personalmente el tema ante la Corte Interamericana”, sostuvo. Por su parte, la madre de Fajardo presentó una copia del dictamen de la Corte Suprema de Justicia que en marzo de 2010 anuló en apelación todos los actuados del proceso contra el politólogo, incluida la garantía que se pretende ejecutar a su madre.

“Yo fui garante personal en el primer proceso que el Gobierno le instauró a mi hijo, el que anuló la Corte Suprema, no en el segundo porque su abogado ya nos advirtió que venía amañado y que no debíamos prestarnos, así que jamás asistí a ninguna audiencia de garantías en este juicio”, dijo la señora.

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Sobre la ley de Pensiones y su reglamentación

En noviembre del año pasado se ha aprobado la Ley de Pensiones Nº 065, donde establece que las AFP  ya no administrarían los recursos de los bolivianos.  Ahora se está proceso de transición y ya conlleva muchos problemas. A eso tengo algunas observaciones:

• La edad. Se ha hecho creer que esta es una mejor ley, pero la anterior norma para jubilarse exigía 55 años para las mujeres y 58 para los hombres. Ahora se exige 58 para ambos y en el caso de las mujeres se reduce un año por cada hijo que se tenga. De cualquier modo si tiene tres hijos  igual se termina jubilando a los 55 años.
• El estado ha exigido que las empresas hagan aportes solidarios. Pero el Estado no aporta nada, ni siquiera las instituciones públicas, entonces hay una contradicción. 

El día que se ha aprobado la norma no estaban presentes los sectores sociales,  ni  la generación sándwich, que ha sido la más afectada. Eso es lamentable porque es una ley que involucra a todo boliviano, trabajador y aportante formal.

Hasta el  momento he recibido denuncias en la Brigada Parlamentaria de Cochabamba de que no se quiere recibir los trámites y las gestiones de las personas que quieren jubilarse. Entonces hay un estancamiento en el tema de gestión y en el tema económico.

En cuanto a retiro mínimo (es decir, cuando un jubilado no alcanzaba a tener la edad ni los aportes correspondientes podían recoger sus aportes  de la AFP) una persona que lo había hecho hasta octubre o noviembre del año pasado, hoy la AFP le está negando hacer este trámite.

Es por eso que me estoy reuniendo en mi región con la Central Obrera Boliviana (COB), con dirigentes de la generación sándwich a nivel nacional, con los mineros metalurgistas sin jubilación y, como no se ha consensuado con estos sectores  durante la redacción de la ley, estamos preparando un borrador para hacer correcciones a la norma.

Para esto se está trabajando en mesas, donde los representantes de cada sector se han organizado para revisar y corregir algunos artículos de la ley y la reglamentación. Hemos aguardado a que salga la reglamentación para poder trabajar sobre esto.

Con esta ley algunos van a poder jubilarse y otros nunca van a poder hacerlo. Hay gente que está involucrada en tres sistemas: en el de reparto que ha fracasado, en el de sistemas  con las AFP y en este, y en ninguno se ha podido jubilar. Entonces es preocupante  y si no se plantean las soluciones pertinentes vamos a tener gente hambrienta en las calles y ejercito de personas que no pueden jubilarse.

Funcionarios municipales rindieron prueba de gestión

(Gamea).- La Unidad de Evaluación de Personal del municipio de la ciudad de El Alto, a tiempo de inaugurar el curso a distancia sobre “Transparencia en la gestión pública” en coordinación con la Escuela de Gestión Pública del gobierno central, evaluó el fin de semana a funcionarios y autoridades ediles sobre el tema de este curso. Al menos unos 350 funcionarios entre ellos autoridades municipales como el secretario general, Sergio Choque, rindieron examen en el teatro de Raúl Salmón de la Barra de la Alcaldía Quemada, a medio día. La prueba consistió en desarrollar las preguntas formuladas por la Escuela de Gestión Pública.
Además la autoridad hizo la inauguración del curso gestión pública que es la primera que se realiza en esta urbe. “este curso nos ayuda a conocer el trabajo que debe cumplir el funcionario público y esperemos que nos vaya bien en el examen”, afirmó sonriendo el secretario general.

Este es el primer curso a distancia que se dio en la ciudad de El Alto, consistió en cuatro módulos de cuyo contenido se seleccionó las preguntas del examen, que duró media hora.

La delegada de la Escuela de Gestión Pública, Paola Zapata, impulsó a los funcionarios a que puedan aprovechar los cursos que brinda a escuela y puedan capacitarse y superarse.

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Candidatos "perdedores" fueron premiaos con cargo de ministros

La oposición en la Asamblea Legislativa calificó de “errada” la imprevista renovación parcial del gabinete ministerial, pues se “reemplazó a los malos por los peores”. Por otra parte, advirtieron que la creación del Ministerio de Comunicación sería el instrumento para el “golpe final” a la prensa independiente, al derecho a la información y a la libertad de expresión.

El diputado de PPB-Convergencia Nacional, Luís Felipe Dorado, dijo que el cambio de ministros es “un relevo de aplazados ministros por fracasados candidatos a las alcaldías”, mientras que la designación del hasta ahora director general de Comunicación Social y vocero presidencial, Iván Canelas, sería el preludio de la “arremetida final del MAS contra los medios de comunicación”.

Para el diputado orureño, Franz Choque, el cambio de ministros es “anodino e intrascendente” porque consideró que las áreas críticas del Gobierno son otras. “Parcharon las llantas menos dañadas del carro y aprovecharon para premiar a los perdedores del MAS”, dijo.

Derrotados al poder
Para Dorado “hay un sistema de promoción de los derrotados en el MAS, pues los grandes perdedores de las elecciones municipales de abril de 2010 en La Paz y Oruro, son premiados con ministerios”. Considera que será un mensaje mal recibido dentro y fuera del MAS.

“El presidente sigue creyendo que tiene el pulmón para jalar a un gabinete resistido por la gente, me pregunto qué dirá La Paz de ver a la derrotada de las municipales a cargo del Ministerio de Culturas o al perdedor de las municipales de Oruro como responsable del Ministerio de Trabajo”, expresó.

La flamante ministra de Culturas, Elizabeth Salguero, fue candidata del MAS a la Alcaldía paceña, mientras que el nuevo ministro de Trabajo, Félix Rojas, fue aspirante a la Alcaldía de Oruro. Ambos fueron derrotados en las urnas por el Movimiento Sin Miedo (MSM).

Por su parte, la diputada cochabambina de PPB-Convergencia Nacional, Paola Zapata, advirtió que el flamante Ministerio de Comunicación encierra un mensaje claro: “la comunicación merecerá el desarrollo de políticas desde el Gobierno, lo que ratificaría el riesgo de que se fortalezcan las restricciones a la libre expresión que vino ejercitando el Gobierno”.

Políticas contra los medios

“Desde el Legislativo se preparó en 2010 leyes y normas para una política de control de medios desde el estado, temo que la puesta en funcionamiento del Ministerio este es la fase de implementación y administración de estas políticas”, señaló.

Los diputados Dorado y Choque coincidieron en el riesgo de la creación de esta instancia, pero minimizaron la significación de la elección de Canelas como titular.

“El desempeño de Canelas como vocero ha sido menos que mediocre, a mucha distancia de su predecesor Alex Contreras, así que auguro que será el rostro detrás del cual un sistema de ejecución de las leyes-censura y otras disposiciones contra los medios, que el Gobierno diseñó desde la Asamblea Plurinacional, operarán”, supuso Dorado.

“El Gobierno tenía las leyes, pero no la instancia para operar, ahora tiene la dependencia que administrará las leyes y reglamentos de censura contra los medios y contra los analistas que critiquen al Gobierno”, sostuvo el diputado Choque. (ANF)

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Presumen rebeldía de Erik Fajardo y piden su aprehensión

(ANF).- La Gobernación de Cochabamba dio por hecho la ausencia definitiva del país del analista político y ex asesor del Conalde (Consejo Nacional Democrático), Erick Fajardo, y adelantó su declaratoria en rebeldía y su aprehensión, según informaron medios locales el miércoles. Mientras que diputados de oposición justificaron la ausencia temporal del ex portavoz opositor debido a una comisión ante organismos internacionales.

El secretario Jurídico de la Gobernación, Víctor Coca, declaró a medios cochabambinos que la declaratoria de rebeldía, la notificación por edicto y la dictación de la aprehensión se tramitaron en tiempo récord y aseguró que Fajardo “huyó” del país.

Sin embargo, diputados de oposición aclararon que Fajardo viajó a EEUU en una misión que buscaba gestionar el respaldo de organismos de defensa de derechos humanos para introducir una petición de auditoría convencional ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Según el diputado chiquitano, Luis Felipe Dorado, la petición llevaba las firmas de al menos seis parlamentarios de oposición del denominado “bloque dignidad”, que esperaban que el politólogo llevara ante organizaciones civiles e instituciones en EEUU como el CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) o el Observatorio de Derechos Humanos para respaldar el pedido de los legisladores.

“Oímos que el Secretario Ejecutivo de Human Rights Watch José Miguel Vivanco envió con éxito un informe sobre la inseguridad jurídica en Bolivia a Pillay (Navanethem, Alta Comisionada de Naciones Unidas) y decidimos que la persona era Erick por su experiencia en escenarios internacionales y porque fue quien estuvo a cargo de los recursos de Manfred ante organismos internacionales”, dijo.

Paralelamente, el diputado orureño Franz Choque calificó la campaña mediática de la Gobernación de Cochabamba de ser un “grosero intento” de proscribir a Fajardo y liquidar a su favor un pleito judicial dilatado por dos años en su fase cautelar sin demostrar ninguna de las acusaciones hechas por el Gobierno.

“Es lo que comúnmente se llama quemar las naves, el Gobierno sabe que Erick viaja regularmente a EEUU y que es un enlace natural de la bancada con Reyes Villa y con organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2007 y aprovechó su última salida para trancarle la puerta de retorno”, dijo. Choque calificó de absurdo jurídico la dictación de rebeldía y aprehensión a Fajardo. “El otro coimputado no asistió a ocho audiencias antes que se dictara su rebeldía, pero bastó que Fajardo no asistiera a una sola audiencia y ya se busca aprehensión”, informó.
 

Por su parte, la diputada cochabambina Paola Zapata dijo que “una Gobernación ineficiente” quiere hacer escarnio de la salida de opositores para “distraer de su incapacidad y su total ausencia de resultados de gestión” y que lo que se busca es detener a Fajardo a su regreso al país.

“Está claro que lo de Fajardo será otra cortina de humo que servirá para tapar la baja ejecución presupuestaria y a su regreso pedirán su arraigo o detención arguyendo que existe riesgo de fuga, cuando en realidad lo que pretende el Gobierno es frustrar la gestión de una auditoría a las leyes inconvencionales que dictó Morales”, aseguró.
 

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