Sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones

Cada vez son más los países que censuran a los medios de comunicación. Hemos hecho un cálculo que son 37 países, de ellos 12 prohíben los medios digitales como google, facebook, twitter, youtube, etc.

En Bolivia se aprobó la Ley de Telecomunicaciones  y tenemos varias críticas y observaciones que la sociedad debe conocer, porque con esta Ley se confirma que el partido de gobierno quiere copar todas las instancias, no sólo civiles, sino también de comunicación.

Empecemos por el mecanismo para revocar las licencias, la anterior Ley de Telecomunicaciones otorgaba licencias para 20 años; la nueva Ley  reduce el tiempo a 15 años. Suponemos que esto derivará en que los empresarios de medios se desesperancen para seguir invirtiendo, porque después de ese tiempo solo podrán renovar la licencia una vez.  Tendremos que ver qué establecerá la reglamentación.

En la distribución de frecuencias, el gobierno controlaría los dos tercios del espectro electromagnético con la siguiente distribución: 33 %para el Estado, 33 %para los privados, 17 % para los pueblos indígenas originarios campesinos, y el 17% para  el sector comunitario. Las frecuencias destinadas al Estado van a ser definidas por el nivel central de gobierno.  La Ley tampoco define mecanismos claros para la designación  de frecuencias para los pueblos indígenas originarios, y presuponemos que estas estarían destinadas a las organizaciones afines al MAS.

La norma además supedita los permisos municipales para la instalación de antenas al gobierno central, es decir, tenemos autonomías sin autonomías.

Esta Ley de Telecomunicaciones vulnera el derecho a la inviolabilidad de la privacidad que se encuentra garantizada por la CPE, porque la Ley asegura la obligatoriedad de los empleados, públicos o privados, a entregar las claves de sus correos electrónicos a sus jefes superiores inmediatos.

Aun si es sólo el correo institucional existe el principio de inviolabilidad. Por muy dueño que alguien sea de una empresa, no puede inmiscuirse en el correo de sus empleados.

También observamos en el debate en Diputados la disposición transitoria que establecía la condonación de la deuda de Entel. Primero deberíamos ver cuánto ha costado  la compra de la empresa porque estaríamos condonando millones de bolivianos que tendríamos que pagarla todos. Finalmente la disposición fue eliminada porque no corresponde a esta norma establecer esa condonación.

Los cambios que hemos podido hacer como oposición son más de forma que de fondo y nos apena  porque poco a poco, con las leyes que salen del legislativo, Bolivia se convierte en un país donde pocas veces vamos a poder manifestarnos si no estamos de acuerdo con el gobierno.

Claro que no todo lo que establece la norma es negativo; se han incorporado cuestiones necesarias como las sanciones a la suplantación de identidad. El que vaya a causar un perjuicio a un tercero, simule o altere un mensaje usando una identidad falsa  tendrá que cumplir la pena de uno  hasta seis años de prisión.

Lo positivo y lo negativo que acarree la norma se verá con el tiempo, cuando un medio de comunicación retransmita la opinión de una persona que tiene otra visión y  le llegue la sanción correspondiente. La población va a palpar eso a medida que la norma se aplique.